Una amenaza conservadora crea nuevas oportunidades para un feminismo de clase

Nota de las autoras: Este artículo fue redactado por Romina Akemi y Bree Busk para Solidaridad, el periódico de la organización chilena Solidaridad-Federación Comunista Libertaria. Por esta razón, algunos conceptos y hechos históricos que resultarían familiares a lectores estadounidenses, se hallan explicados en mayor detalle.

Dos importantes movilizaciones ocurrieron en la primera semana de la presidencia de Donald Trump, expresión de dos visiones radicalmente distintas sobre los derechos reproductivos. La Marcha de Mujeres en Washington, sucedida al día siguiente de la toma de poder de Trump, ha sido calificada como una de las mayores manifestaciones en la historia de EE.UU. Lo que comenzó como un llamado espontáneo creció rápidamente hasta convertirse en un movimiento que puso de manifiesto la creciente aprehensión sobre los planes del nuevo gobierno. La marcha congregó alrededor de 500,000 personas en Washington D.C., con marchas paralelas a lo largo del país y alrededor del planeta. Una semana después, en el aniversario de Roe v. Wade (la decisión judicial de la Corte Suprema que legalizó el aborto, en 1973), tuvo lugar una movilización muy distinta: la Marcha Anual Por la Vida. Aunque considerablemente menor, ésta congregó a un buen número de personas, incluyendo a célebres personeros del gobierno de Trump. En un quiebre con el protocolo político tradicional, el Vicepresidente Mike Pence, un ex-católico convertido al cristianismo evangélico, habló durante la manifestación, diciendo, “La Vida está ganando nuevamente en Estados Unidos”.

En los Estados Unidos, la legalidad del aborto reside en Roe v. Wade, dictamen que solo puede ser rescindido por una nueva decisión de la Corte Suprema. Actualmente, la magistratura posee una vacante que el presidente Obama fue incapaz de llenar en su segundo mandato. Durante su campaña, el entonces candidato Trump se había comprometido a nominar un juez anti-abortista, promesa que se vio reiterada en el discurso de Pence y finalmente cumplida el 30 de Enero con la nominación de Neil Gorsuch. Un informe reciente sobre el historial de votación del juez Gorsuch señala que, de ser confirmado, probablemente sería un fiel conservador, “votando para limitar los derechos de los homosexuales, mantener las restricciones al aborto e invalidar los programas de acción afirmativa”.

A pesar de ser legal, el acceso al aborto continúa siendo precario y disparejo en los Estados Unidos, especialmente para los habitantes de comunidades rurales. Esto se debe en parte al éxito del movimiento anti-abortista, que ha empleado métodos tanto legales como de origen comunitario para reducir y restringir el acceso al aborto. Esta tendencia se vio de manifiesto durante la década de 1990, cuando organizaciones evangélicas de derecha como Operation Rescue, Moral Majority y el Family Research Council adquirieron prominencia. Estas organizaciones aprovecharon la reacción conservadora frente a la “revolución cultural” de los años 60, exigiendo que se rezara en las escuelas estatales, oponiéndose a la educación sexual y clausurando clínicas para mujeres. Este período de enfrentamiento entre el conservadurismo religioso y los valores progresistas seculares es conocido como “las Guerras Culturales” (the Culture Wars). Para aquella época, el movimiento feminista norteamericano de la Tercera Ola ya estaba plenamente institucionalizado dentro del Partido Demócrata, y no le fue posible defender lo ganado frente a tamaña oposición.

La Marcha de Mujeres ha sido la demostración pública en defensa de los derechos reproductivos más poderosa de la historia reciente. Representa el primer llamado a la acción capaz de unir transversalmente a mujeres de toda raza, clase y tendencia política desde la derrota de la enmienda de Derechos Equitativos a fines de los 70. Durante la última década, las políticas de izquierda en EE.UU. han estado dominadas por la política de identidad: una teoría política que enfatiza la identidad racial, sexual y de género por sobre la clase social. Las políticas de identidad se usaron inicialmente para contribuir al análisis y deconstrucción de manifestaciones de supremacía blanca y patriarcado al interior de organizaciones y movimientos de izquierda, pero pronto se vieron adoptadas por jóvenes progresistas del ámbito académico. Dentro de este análisis, el concepto de clase se entiende como una identidad más; sujeta a ser discriminada pero no sobre la base de su relación con los medios de producción.

Lo que había comenzado como una útil herramienta para el análisis de desequilibrios de poder acabó evolucionando en una posición ideológica caracterizada por la desunión, separatismo y localismo extremo. Estos comportamientos políticos han tenido una amplia influencia en las izquierdas tanto institucional como revolucionaria de Estados Unidos, truncando el crecimiento de movimientos sociales de base amplia. El problema de la naturaleza fragmentaria de la política de identidades fue abordado mediante la aplicación de la interseccionalidad, una práctica teórica que involucra el análisis de las identidades sociales superpuestas y sus correspondientes sistemas de opresión, dominación o discriminación. La interseccionalidad fue pensada para proveer un modelo que promoviera una cooperación horizontal e inclusiva dentro de movimientos y organizaciones pertenecientes a todas las identidades. Sin embargo, en la práctica, los activistas acabaron dándole la interpretación de que todas las identidades y opresiones se hallan situadas de forma equitativa y no se requiere ningún escrutinio en particular al capitalismo ni al estado para completar el análisis. Como quedó demostrado tras la reciente elección en Estados Unidos, la mayoría de la gente reacciona ante las amenazas a su realidad material más que a consideraciones puramente ideológicas sobre su lugar en la compleja jerarquía de identidades oprimidas… resulta irónico que la política hecha “desde arriba” – encabezada por Trump – haya acabado forzando a la izquierda Estadounidense a encontrar la unidad que, hace apenas unos meses, brillaba por su ausencia.

En este momento no existe ninguna certeza de que la Marcha de Mujeres vaya a transformarse en un movimiento social legítimo. En todo el país, los micrófonos se vieron acaparados por políticos Demócratas y celebridades liberales, poniendo el énfasis en la resistencia institucional. Ello contrasta con la diversidad política de los participantes de la marcha, algunos de los cuales exigen reformas mientras que otros llaman a la revolución. El factor unificador es un deseo colectivo de iniciar una resistencia sostenida en las calles frente a los retrocesos sociales que se avecinan. Las feministas Revolucionarias apenas han comenzado a insertarse en estos espacios políticos y el rol que acabarán cumpliendo aún no está del todo claro. Lo que sí resulta claro es esto: la Marcha de Mujeres representa una oportunidad política para reconstruir un movimiento feminista libertario (en conjunto con otras luchas en incipiente desarrollo) que plantee demandas enfocadas en mejorar las vidas de los trabajadores y oposición al carácter liberal y capitalista del movimiento feminista actual. Existe una clara oportunidad para reenfocar las demandas clásicas de justicia reproductiva, igualdad económica y fin a la violencia patriarcal; así como empujar las nuevas demandas con un ímpetu mayor al que había existido en décadas pasadas. Nuestros esfuerzos requerirán del conjunto de los mejores elementos del análisis interseccional para impedir que vuelvan a surgir las jerarquías que buscamos abolir, pero esto sólo supone el principio. Debemos reconocer la realidad material de aquellos que se ven impactados directamente por el capitalismo patriarcal y aprovechar el enfoque otorgado por éstos para guiar el movimiento revolucionario que queremos construir.