Para realizar un seguimiento en nuestra reciente cobertura de la protesta en Nicaragua, presentamos este artículo que muestra un contexto más amplio de los Sandinistas de izquierda y Daniel Ortega en el poder estatal, junto con su modelo de desarrollo capitalista. Recomendamos nuestras publicaciones anteriores “One Million Hands Flourishing”(Un millón de manos floreciendo) por Tanya H.F., además de “It’s No Longer About Social Security: Inside the Nicaraguan Student Protests” (Ya no se trata de seguridad social: al interior de las protestas estudiantiles de Nicaragua) y “A Door Has Been Opened: Nicaragua’s April 19 Uprising” (Se abrió una puerta: el alzamiento del 19 de abril en Nicaragua) por Miranda de las Calles. #LaIzquierdaEnElPoder #TheLeftInPower
Por William I. Robinson, Truthout
La imagen minuciosamente trabajada del presidente nicaragüense Daniel Ortega y sus partidarios como los abanderados del proceso revolucionario popular liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de 1980, se ha desmoronado frente a las protestas masivas desatadas en el último mes contra la reforma de pensiones que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos y detenidos. Para algunos, las protestas fueron un complot organizado por Estados Unidos para desestabilizar un gobierno revolucionario. Para otros, se trata de la explosión del descontento masivo contra un régimen corrupto y autoritario.
Mientras que Estados Unidos y la oligarquía nicaragüense tradicional ciertamente desearían que hubiera un régimen más maleable, han logrado hacerse un espacio en el gobierno de Ortega. El círculo íntimo de los sandinistas se ha abierto camino a las filas de la élite del país en un proceso que se remonta al resultado de la revolución de los 80’s, demostrando que son capaces de supervisar una nueva ronda de desarrollo capitalista desde que volvieron al poder en 2007. Ortega y el FSLN han disfrazado de discurso izquierdista su intento de establecer una alianza política multiclase en torno a este proyecto de desarrollo capitalista bajo la firme hegemonía del capital y las élites estatales sandinistas.
Mientras que el FSLN mantiene una base numerosa, aunque decreciente, entre los campesinos y los pobres urbanos del país, el liderazgo del FSLN ha pactado con la oligarquía tradicional; suprimido la discrepancia; logrado enriquecerse a través del saqueo de los recursos estatales y una alianza con el capital transnacional; y desplegado la armada, la policía y las fuerzas paramilitares para reprimir violentamente a los campesinos, trabajadores y movimientos sociales que se oponen a sus políticas.
Ahora el desarrollo capitalista está entrando en crisis en Nicaragua. El anuncio del gobierno de que cortará los pagos de pensiones a los jubilados y aumentará la contribución requerida a los trabajadores y las empresas para las pensiones fue la chispa que encendió el alzamiento de abril. Sin embargo, la tensión política y el conflicto social se han ido desarrollando durante años, y es esta crisis del capitalismo la que establece un mayor telón de fondo para los eventos recientes.
La burguesía sandinista
Los sandinistas llegaron por primera vez al poder en 1979 tras la insurrección masiva que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza. Una década de implacable intervención de EE.UU. —que incluyó una campaña militar contrarrevolucionaria, un embargo económico e interferencia en la política interior (sin mencionar los propios errores de los sandinistas)— eventualmente llevaron a que los sandinistas fueran expulsados del cargo por la vía electoral en 1990.
La derrota electoral sumergió al partido sandinista en una aguda crisis interna relativa a sus programas, orientación ideológica y estrategia. Mientras que los cimientos de los sandinistas se comprometían con una resistencia sostenida al programa neoliberal a principios de la década de los 90’s, también apareció una nueva élite sandinista entre los que habían adquirido numerosas propiedades durante el cambio de régimen de 1990, privatizando para su propio beneficio lo que solían ser recursos estatales y propiedades públicas. Este saqueo y apropiación personal de propiedades estatales por parte de los líderes y burócratas sandinistas se conoció en Nicaragua como la “piñata”.
A medida que progresaba la década de 1990, los nuevos propietarios y empresarios sandinistas comenzaron a desarrollar una afinidad con los burgueses en cuanto a intereses de clase y se mezclaron con ellos. La nueva élite sandinista gradualmente pasó de liderar las clases populares en su resistencia al programa contrarrevolucionario de la reconstrucción capitalista, a utilizar la (decreciente) autoridad del partido para contener a dichas clases y controlar su movilización. No obstante, el liderazgo del FSLN continuó legitimándose con un discurso revolucionario que ya no se correspondía con ningún programa o conducta política aparte de profundizar sus propios intereses de grupo y asegurar un lugar entre el bloque dominante en el nuevo orden neoliberal.
El FSLN realizó un pacto en 1999 con un sector de la oligarquía tradicional conocido como la Alianza Liberal, en la que las dos fuerzas políticas negociaron un acuerdo para compartir el poder. Mientras tanto, durante los 90’s, la policía y el ejército abandonaron su carácter revolucionario y comenzaron cada vez más a expulsar violentamente a los campesinos que se habían tomado tierras en el campo, a atacar a los trabajadores en huelga que ocupaban fábricas u oficinas gubernamentales, y a separar protestas callejeras que con frecuencia era pacíficas.
Con su nueva postulación para la presidencia en las elecciones de 2006, el FSLN les aseguró a los capitalistas nicaragüenses y transnacionales que defendería sus intereses económicos, pero a su vez, ellos tendrían que dar cabida al monopolio sandinista del poder político. Al ganar estas elecciones, el FSLN expuso su programa económico en un documento normativo, “El nuevo proyecto sandinista”. De acuerdo con el documento, sus políticas económicas estarían basadas en entrelazar productores de pequeña envergadura con el sector privado de gran escala, “respecto para todas las formas de propiedad”, libre mercado, atraer la inversión corporativa transnacional y expandir la industria agrícola. El programa se desarrolló en estrecha coordinación con la principal asociación de grandes empresas, el Consejo Superior de la Empresa Privada, en lo que el gobierno llama una “asociación público-privada”.
A su vez, el programa incluía una renacionalización del sistema de salud y el sistema educativo, mayores gastos sociales y otras medidas de bienestar popular, aunque estas se iban a distribuir a través de las redes de asistencia del FSLN. Bayardo Arce, un exlíder revolucionario que se convirtió en el principal consejero económico del gobierno de Ortega y su intermediario con el sector privado, describió el programa sandinista como “una economía de mercado con una opción preferencial para los pobres”. A pesar de que buscaban la redistribución mediante el gasto social, el FSLN prácticamente abandonó el “área de propiedad social” creada inicialmente en la revolución de la década de 1980, que incluía al estado y al sector cooperativo, de modo que el 96 por ciento de las propiedades del país estaban ahora en manos del sector privado.
Desde que volvió al poder, la burguesía sandinista ha expandido considerablemente su riqueza. Los líderes del sandinismo agrupados alrededor de Ortega han invertido cuantiosas sumas en una nueva ronda de desarrollo capitalista que incluye turismo, agroindustria, finanzas, importaciones-exportaciones y subcontratos para las maquiladoras. Arce, un copropietario del conglomerado de la industria agropecuaria AgriCorp y uno de los hombres más ricos de Nicaragua, es emblemático. Además, otro detonante de las protestas de abril a solo unos días de que se anunciara el plan de pensiones, fue una exposición pública de la riqueza obtenida ilícitamente por el líder del Consejo Electoral Supremo controlado por los sandinistas, Roberto Rivas, que incluía mansiones en Costa Rica, España y Nicaragua; tres jets privados; una flota de vehículos de lujo ingresados al país como contrabando y una plantación de café.
Las contradicciones del capitalismo en Nicaragua
Los problemas actuales de Nicaragua sientan sus bases en las contradicciones del desarrollo capitalista del país: parte de la globalización capitalista que ha implicado una vasta expansión de operaciones mineras, agropecuarias, de turismo, extracción de energía y megaproyectos de infraestructura en toda Latinoamérica para alimentar una economía global voraz y aumentar los fondos de las corporaciones transnacionales. En Nicaragua, el gobierno de Ortega ha presidido esta nueva ronda de expansión de desarrollo capitalista, lo que incluye una oleada de inversión para corporaciones transnacionales y locales en zonas de libre comercio, industria agropecuaria, minería, explotación forestal y turismo, incentivada por medidas gubernamentales de exención fiscal, concesión de tierras y otras políticas que han recibido elogios por parte de instituciones neoliberales como el Fondo Monetario Internacional.
Bajo Ortega, la explotadora industria de las maquiladoras se ha expandido rápidamente en zonas de libre comercio, donde más de 100.000 mujeres, en su mayoría jóvenes, cosen ropa para corporaciones asiáticas y norteamericanas, además de sus subcontratistas nicaragüenses. Los capitalistas transnacionales prefieren Nicaragua por sobre sus países vecinos debido a los sueldos extremadamente bajos, el estricto control sobre los trabajadores y la relativa estabilidad política obtenida por el gobierno de Ortega. Los trabajadores ganan un promedio de $157 mensuales, el sueldo más bajo de todos los trabajadores de maquiladoras en América Central, con el que se estima que se cubre apenas el 33 por ciento de las necesidades básicas domésticas. En 2016, la policía antidisturbios reprimió violentamente una huelga por sueldos más altos, mejores condiciones laborales y el derecho a organizar sindicatos independientes, lo que condujo a una campaña internacional para liberar a los encarcelados por esta acción.
Los activistas ambientales y comunitarios que luchan contra las concesiones gubernamentales a compañías transnacionales para proyectos mineros de extracción de oro a gran escala, se han enfrentado a la policía antidisturbios. Los ambientalistas también se han unido a miles de campesinos, indígenas y personas afrodescendientes en las protestas contra la construcción de un canal interoceánico por parte de una corporación china a la cual el gobierno de Ortega le cedió derechos exclusivos en 2013. La concesión también otorga la aprobación de una serie de proyectos subsidiarios, como centros turísticos, otra zona de libre mercado, un oleoducto y un aeropuerto internacional.
Las protestas de abril fueron, de hecho, precedidas por el descontento masivo por un incendio que se provocó a principios del mes y que arrasó con 12.000 acres de la Reserva Biológica Indio Maíz en la ecológicamente frágil región costera del Caribe, incidente descrito como “el desastre ecológico más dramático que se haya experimentado en Nicaragua”. En lo que los economistas políticos llaman un proceso de apertura de la “frontera agrícola”, el gobierno sandinista impulsó la inserción de los campesinos sin tierras, desplazados de zonas más pobladas, a la Reserva y otras regiones ambientalmente frágiles.
La “economía de mercado con una opción preferencial para los pobres” mostró resultados positivos en indicadores sociales. A través de la elevación de precios de productos básicos internacionales, una oleada de inversión extranjera y una ayuda sustancial de parte de la Venezuela revolucionaria, se ayudó a mantener altas tasas de crecimiento, una reducción en la pobreza y una expansión de los servicios sociales. Sin embargo, debido a que la ayuda venezolana que financiaba programas sociales ha disminuido producto de la crisis económica de dicho país, y a causa de que el gobierno ha extendido industrias extractoras destructivas en nuevos territorios, las contradicciones y limitaciones del modelo sandinista han producido un descontento creciente. A medida que aumentan las dificultades económicas, las tasas de crecimiento han disminuido y el gobierno de Ortega ha obtenido un acuerdo con las instituciones financieras internacionales para implementar un programa cada vez más neoliberal, que incluye cortar subsidios de electricidad, la privatización de la infraestructura y la reducción de pensiones.
Sin embargo, el proyecto contradictorio de los sandinistas de promover, por una parte, la inversión social y, por otra, la acumulación de capital transnacional sin restricciones a través de concesiones, exenciones fiscales y la represión de protestas de trabajadores y campesinos junto con la discrepancia política, están ahora pasándole la cuenta al gobierno de Ortega. La burguesía sandinista enfrenta un dilema: sus intereses de clase les impiden desafiar el capital transnacional u organizar un proyecto transformativo, pero su legitimidad depende de mantener un discurso revolucionario y llevar a cabo reformas redistributivas.
El gobierno sandinista es ahora el pararrayos de los estragos del capitalismo global en el país de forma similar a lo que sucedió bajo la dictadura de Somoza, sostuvo el prominente cientista social nicaragüense José Luis Rocha tras las protestas de abril. “La dictadura de Somoza era un sistema ligado a las dinámicas supranacionales del capitalismo, cuyos intereses representaba, pero que escapaban a su control”. En este sentido, Somoza “no era el responsable exclusivo de todos los problemas que [el desarrollo capitalista] trajo consigo. No obstante, debido a que la dictadura de Somoza era un sistema entrelazado con estas dinámicas y el dictador era su representante local, la ira del pueblo encontró su objetivo concreto con ella”, de la misma forma que la ira masiva ahora apunta al gobierno de Ortega.
Las ilusiones de la izquierda
Si los problemas de Nicaragua no se pueden separar de las contradicciones del capitalismo, tampoco se pueden desligar del largo historial de intervenciones de EE.UU. Desde la implacable contrarrevolución en los 80’s, Washington pasó a reforzar su hegemonía capitalista en la sociedad civil de Nicaragua a través de nuevas formas de intervención en la política interior. Publiqué dos libros en la década de 1990 sobre este tema. Este tipo de intervención política ha sido constante desde los 90’s y de hecho han aumentado desde que Ortega volvió a la administración. Ha incluido financiar grupos de sociedad civil que son antisandinistas. Algunos de estos grupos participaron en las protestas de abril. En otro lugar demostré que dicho financiamiento está orientado tanto o más a contrarrestar cualquier radicalización anticapitalista de la sociedad civil de lo que está a debilitar el liderazgo del FSLN. Asimismo, Washington está particularmente molesto con la posición vocal de Ortega al intervencionismo de EE.UU. en Latinoamérica, su apoyo a la sitiada revolución venezolana y su participación en la alternativa bolivariana liderada por Venezuela para América (ALBA), que Estados Unidos ha intentado desarticular sistemáticamente.
Sin embargo, algunos entre la izquierda internacional no parecen poder dejar ir la ilusión de que los gobiernos como el FSLN en Nicaragua o el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica aún representan un proceso revolucionario que avanza en los intereses de las masas populares y de la clase trabajadora, incluso cuando las nuevas castas gobernantes acuden a la represión creciente para despojar a dichas masas, saquear el estado e imponer los intereses del capital transnacional. En Los Condenados de la Tierra, Frantz Fanon advirtió que las nuevas élites llevadas al poder por los movimientos de liberación nacional requieren que el pueblo “recurra al pasado y se embriague en la rememoración de la época” que llevó a la liberación nacional, incluso cuando sus prácticas y la búsqueda de los intereses de su propia clase traicionan las luchas históricas.
Algunos entre esta izquierda se han aferrado a la historia de la intervención de EE.UU. para apoyar la declaración de Ortega de que las protestas de abril y el malestar creciente son el resultado de una campaña de desestabilización de EE.UU. similar a la empleada contra el país en la década de 1980 o a la que se lleva a cabo actualmente contra Venezuela. De acuerdo con este enrevesado razonamiento, si algunos en Washington prefirieran que un representante más tradicional de la oligarquía capitalista reemplazara a Ortega, significaría, por lo tanto, que el orteguismo constituye un proceso revolucionario y, en consecuencia, quienes se oponen a él son instrumentos contrarrevolucionarios del imperialismo estadounidense.
Una evaluación más congruente vino del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En un comunicado de prensa del 24 de abril, el Consejo condenó enfáticamente la represión de los protestantes por parte del gobierno, y al mismo tiempo, rechazó “la cínica manipulación” de los protestantes por parte de la oligarquía tradicional y la prensa internacional. Están “tratando de sacar provecho de la crisis interna a pesar de no haber dicho nada acerca de la represión, los asesinatos y las violaciones a la libertad de expresión en Honduras” ni acerca de “la represión política que ha cobrado la vida de cientos de líderes de movimientos sociales, campesinos, indígenas y ambientalistas en América Central, México y Colombia”.
La tragedia real de las protestas de abril no es que amenacen un proceso revolucionario ficticio, sino que la población está atrapada entre el gobierno corrupto y represivo de Ortega y la oligarquía tradicional, respaldada por la derecha internacional que nunca ha estado cómoda con el monopolio sandinista del poder político y desea apropiarse de la revuelta para recuperar ese poder para sí misma. No es ninguna sorpresa que cuando Ortega anunció que iba a anular la reforma de pensiones, no estuviera rodeado de los principales representantes entre los protestantes, sino de los propietarios de las compañías de la zona de libre comercio y los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada.
Este artículo se publicó originalmente en Truthout en inglés.
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